Queridos/as amigos/as:
Os comunicamos que ya podéis adheriros, tanto individualmente como en firma de colectivo, asociación u organización de cualquier tipo al PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA. Pincha en "Adhesiones" o "Adhesiones de Organizaciones" en el menú de la nueva web:
www.pactotransparencia.org
viernes, 15 de abril de 2011
ORGANIZACIONES FIRMANTES HASTA EL DIA DE HOY
Organización
Foro Ciudadano de la Región de Murcia http://www.forociudadano.org
Murcianegocios.es http://www.murcianegocios.es
Unión Progreso y Democracia http://www.upyd.es/murcia
Ecolo-Los Verdes ( Los Verdes de la Región de Murcia) http://www.losverdesdemurcia.com
Puente Sur España http://www.azogue.net
Govern Obert http://www.governobert.org
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://www.partidoprde.com
Foro del Pensamiento del Siglo XXI http://www.pensamientosiglo21.org
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia http://www.mupolsoc.org
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia http://iuverdes.es
Foro Social de Murcia http://www.forosocialdelaregiondemurcia.blogspot.com/
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://prde.es
Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia http://adspmurcia.blogspot
Foro Ciudadano de la Región de Murcia http://www.forociudadano.org
Murcianegocios.es http://www.murcianegocios.es
Unión Progreso y Democracia http://www.upyd.es/murcia
Ecolo-Los Verdes ( Los Verdes de la Región de Murcia) http://www.losverdesdemurcia.com
Puente Sur España http://www.azogue.net
Govern Obert http://www.governobert.org
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://www.partidoprde.com
Foro del Pensamiento del Siglo XXI http://www.pensamientosiglo21.org
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia http://www.mupolsoc.org
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia http://iuverdes.es
Foro Social de Murcia http://www.forosocialdelaregiondemurcia.blogspot.com/
Partido para la Regeneración de la Democracia en España http://prde.es
Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia http://adspmurcia.blogspot
PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Documento del Pacto por la Transparencia
Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente:
1. Sentimos una honda preocupación por la actual situación de profunda crisis económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso para atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados en estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del ranking de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los riesgos de que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez mayores. La Región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos.
2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible reivindicar la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática. Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.
3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo, permita a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la transparencia y el buen gobierno que incluye una batería de medidas características del denominado Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo:
A. Transparencia: “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos.
B. Participación: “Queremos tomar parte”. Los ciudadanos, y no sólo los directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizarnos de las mismas.
C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”. Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener cauces para colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los servicios públicos.
D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”. Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a supervisar y dar cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así podrán los ciudadanos conocer cuál es el efecto real que determinados planes públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las que se dirigen.
E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de reacción efectiva ante las anomalías o las quejas externas”. Las organizaciones públicas deben contar con mecanismos internos que les permitan procesar las anomalías que se detecten en su funcionamiento y las quejas que reciban por los problemas generados en su actuación. Asimismo, han de existir mecanismos externos a la propia organización que lleven a cabo un control eficaz y no meramente formal de su actuación.
4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones de gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización de la sociedad murciana en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente situación de crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras instituciones públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, ponga a los ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática.
5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al menos en el plano nacional.
6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones que quede en un nuevo papel mojado. Con la intención de que este Pacto impulse cambios reales en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, se crea una Comisión de seguimiento del mismo, compuesta por representantes de todas las organizaciones firmantes, que publicará un informe anual sobre el grado de realización de este Pacto por las autoridades responsables.
EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA se articula en torno a las siguientes medidas:
A. TRANSPARENCIA
1. Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública de la Región de Murcia.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. Todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.
La Región de Murcia a través de la Asamblea Regional debe aprobar en la próxima legislatura una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública en su ámbito de competencias, con independencia del que corresponda al Estado.
Entre otras medidas, esta ley determinará que los presupuestos públicos se divulguen de forma gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas dependientes de las Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los compromisos contraídos a largo plazo, así como su inventario. Se acompañará una memoria de la gestión con unos indicadores donde se evalúen la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados, así como, un análisis de las medidas prioritarias para un desarrollo sostenible.
2. La incorporación de la nueva cultura del Gobierno Abierto
El desarrollo legal del derecho de acceso a la información se acompañará de la incorporación de la nueva cultura del llamado Gobierno Abierto por parte de todas las instituciones públicas de la Región, primando los valores de transparencia, participación y colaboración en todos los ámbitos de gestión.
Es un cambio cultural profundo respecto de la actual administración, que ha de colocar al ciudadano en el centro de la gestión. Este proceso debe alcanzar a todas las estructuras administrativas, su organización interna y dar lugar a nuevas formas de relación con los ciudadanos.
Las instituciones públicas regionales utilizarán y promoverán la utilización de herramientas de las Tecnologías de la Información (incluyendo recursos móviles), de la web 2.0 y de software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación de contenidos, y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuitos para la comunidad.
3. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia.
Como ya han hecho otras comunidades autónomas, la Comunidad de Murcia regulará las campañas institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las administraciones públicas de la región y las entidades integrantes del sector público regional y de cualesquiera otras entidades que realicen sus campañas con dinero público.
Esta ley prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las mismas, garantizará principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y obligará a la elaboración de un Plan anual previo, con un límite de gasto. Asimismo establecerá el deber de realizar un informe anual en el que se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y los adjudicatarios de los contratos celebrados, que será de dominio público.
4. Registro público de subvenciones
Se modificará la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de forma que se establezca un registro regional público y obligatorio de todas las subvenciones concedidas, sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos anualmente.
La debida transparencia alcanzará también a la publicación detallada de los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con determinación de cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los grupos de las que dependan.
También los preceptores de subvenciones por actividades de interés general deberán asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público de libre acceso la correspondiente información.
5. Mecanismos de transparencia en toda la contratación pública
La contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno más vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad.
Se creará el Registro Público de Contrataciones del gobierno regional para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por el gobierno, los organismos autónomos y las sociedades públicas regionales y las empresas adjudicatarias
Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia, como recoge el Código del Buen Gobierno de la FEMP.
6. Simplificación de trámites administrativos y extensión de la e-administración
Es necesaria una adaptación de la legislación regional y de la normativa local en materia de simplificación de trámites administrativos integrada en la e-Administración de forma que elimine aquellos trámites que no añaden valor, asegurando el establecimiento de un modelo integrador de relación entre las empresas, los colectivos sociales y la administración pública, aprovechando las ventajas que supone disponer del DNI electrónico. Se contemplarán todas las obligaciones que se establezcan a nivel estatal y que suponen un evidente beneficio en la gestión (p. ej. Ley 11/2007 de Administración Electrónica).
El Gobierno autonómico y los Ayuntamientos de la Región de Murcia deberán adoptar de inmediato la implantación de herramientas como portales web accesibles, sistemas de información gerenciales (ERP) con modelos de gestión basada en la orientación al cliente (CRM), así como el uso de plataformas de redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras que permite la Red Internet, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos internos administrativos y su vinculación con la comunidad y los ciudadanos.
7. Transparencia legislativa
La Asamblea Regional tiene que adaptarse también a los requerimientos del Gobierno Abierto, según los modelos de los Parlamentos Abiertos, estableciendo una relación nueva con la ciudadanía a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías, de forma que los ciudadanos puedan participar de la actividad parlamentaria, como ocurre en otras comunidades (Parlament 2.0 en Cataluña o Zabalik en el País Vasco).
La transparencia como técnica legislativa se aplicará también a las leyes que apruebe la cámara regional, que deberán llevar un informe anexo de transparencia relacionada con sus propósitos. En este informe se identificará la información relevante para la política de que se trate y se garantizará el acceso público a la misma.
8. Ratificación por los ayuntamientos de la Región del Código del Buen Gobierno Local de la FEMP e incorporación a su normativa.
La FEMP aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2009 un Código de Buen Gobierno Local que recoge múltiples propuestas para un gobierno local más cercano, transparente y eficaz, comprometido con la calidad de la democracia. Incluye medidas de mejora de la gestión y de la democracia local, establece un régimen de incompatibilidades y declaración de actividades y bienes de los representantes electos y los no electos de las Juntas de Gobierno locales, criterios para la retribución económica de los electos y su publicidad, y medidas de democracia participativa.
Los ayuntamientos de la región deberán ratificar este Código, si no lo han hecho ya, informar de su contenido a los ciudadanos e incorporarlo a su ordenamiento a través de los Reglamentos Orgánicos y otras normas locales, y velar por su cumplimiento.
9. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas electorales.
Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro sistema democrático. Para recuperar la confianza ciudadana en la política democrática, debemos dar pasos decididos para incrementar la transparencia en las cuentas de los partidos. La Región de Murcia puede convertirse en una comunidad pionera en este impulso. Esta ley obligaría a los partidos políticos que compiten en elecciones en la Región a ofrecer dentro de los seis meses posteriores al cierre de la campaña electoral correspondiente un balance suficientemente detallado de sus ingresos y gastos tanto en los comicios autonómicos como municipales. Anualmente realizarán una liquidación de los ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas.
10. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los agentes sociales.
Las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus cuentas anuales como de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un inventario de su patrimonio y sus deudas.
11. Aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades de funcionarios y autoridades públicas.
Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando con excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades, funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general. Resulta inaceptable que suceda algo así, por lo que es del todo necesario que quienes desempeñan labores públicas estén sometidos con total rigor al régimen legal de incompatibilidades y a la obligación de depositar en un registro público sus declaraciones de intereses y actividades de carácter privado.
B. PARTICIPACIÓN
La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva administración local y regional. Si la democracia electiva ha de extenderse a los órganos administrativos descentralizados a los que aún no alcanza (como las Juntas Vecinales o de Distrito) la participación directa de unos ciudadanos con acceso a la información ha de convertirse en el objetivo prioritario de la acción institucional. Las múltiples figuras prácticamente inéditas que recogen los reglamentos municipales de participación (la audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular o referéndum, el derecho de intervención en los plenos y otros órganos municipales, el derecho de propuesta, los consejos de participación, etc.), así como las nuevas vías que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, han de ser promovidas activamente y utilizadas de forma habitual como instrumentos de una verdadera política de extensión de la participación, ocupando un papel central en la vida institucional.
12. Revitalización de Consejos de Participación.
Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales deben revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Esta revitalización pasa por revisar su composición y funciones a fin de darles mayor representatividad y protagonismo, convirtiéndolos en actores relevantes de la vida institucional.
13. Revisión y mejora Ley Electoral Regional.
La actual Ley electoral regional debe revisarse para la introducción de mejoras que aumenten el respeto del principio de proporcionalidad, permitiendo la mejora de la representación de la voluntad popular y la igualdad del valor del voto, lo que sin duda enriquecerá la vida pública de la Región.
14. Reutilización de información del sector público por las empresas.
La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales. El sector público produce una gran variedad de información, que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos, por la iniciativa social, por las ONG y por la industria de contenidos digitales (como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación) y por otros sectores. Aunque existe una directiva europea sobre ello, legislación estatal y alguna actuación significativa (el Programa APORTA, dentro del Plan Avanza 2) en la Región de Murcia esta reutilización está muy poco desarrollada.
Las administraciones regional y local han de impulsar esta línea de trabajo que mejora la transparencia y tiene un considerable potencial económico que deben desarrollar a través de decisiones estratégicas, organizativas y operativas, y de actuaciones de formación para crear una verdadera cultura de la reutilización. Para tal fin es fundamental la creación de un Portal Open Data de la Comunidad Autónoma, donde se incorporen a su vez los datos de las administraciones locales.
15. Presupuestos participativos
Los Presupuestos Participativos están demostrando en las Administraciones públicas que lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador de la democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la contabilidad pública. Es una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las haciendas locales con criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.
Impulsar la participación ciudadana en la elección de prioridades, es un método eficaz para gestionar el gasto público especialmente en momentos de escasez por la crisis. Su implantación es respuesta de la voluntad política, iniciando el proyecto de participación con un porcentaje de las inversiones o gastos para que los ciudadanos los prioricen, asumiendo sus decisiones en los presupuestos generales municipales. Todo ello con el apoyo de una “oficina presupuestaria independiente”, que sirva de vehículo de información, control, transparencia y rendición de cuentas, para dar consistencia a su funcionamiento.
16. Participación social en los medios públicos de comunicación.
El acceso de los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación de titularidad pública es un derecho constitucional (art. 20.3), recogido en diversas leyes y regulaciones para el ámbito estatal. Este derecho debe ser desarrollado en la Región de Murcia para que los diferentes grupos sociales -además de los políticos- puedan acceder a los medios públicos regionales de manera que se garantice la participación y la visibilidad de la sociedad civil organizada en el conjunto de su programación con criterios de pluralismo social.
C. COLABORACIÓN
La colaboración – con los ciudadanos, con sus asociaciones, con las empresas, con los empleados públicos y los responsables políticos, entre distintos departamentos en una administración, y con otras administraciones- es uno de los pilares del cambio cultural que llega. Hablamos de unas nuevas relaciones de poder basadas en la corresponsabilidad, de nuevos métodos de trabajo colaborativo que permita abordar, como consecuencia de la participación, los retos que los gobiernos no pueden abordar solos, mejorando los resultados de las políticas públicas a través del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Esto requiere nuevas herramientas, métodos y sistemas innovadores – internos y externos-en los que las nuevas tecnologías han de jugar un papel decisivo, y una nueva formación de todos los agentes intervinientes.
17. Puesta en marcha de sistemas ágiles de encuestas y/o de recogida de información y opiniones de los ciudadanos.
Con la misión de mejorar los servicios públicos, incorporar propuestas a la gestión de gobierno, aprovechar, en su medida adecuada, los recursos que los ciudadanos divulgan a través de Internet en beneficio de los servicios comunitarios, conocer su opinión para prevenir incidentes o solucionar posibles problemas futuros, o reaprovechar recursos multimedia generados por los usuarios y por los empleados públicos para ofrecer nuevos servicios.
D. EVALUACIÓN
18. Obligatoriedad de evaluación de las políticas y los planes públicos
Una administración eficaz y eficiente no puede permitirse eludir la evaluación de sus planes y de sus políticas. No es una posibilidad: es una obligación del Buen Gobierno, que debe constituirse en la norma exigida a todas las administraciones de la región.
Cada administración deberá contar con un Plan de Evaluación, donde recogerá los compromisos temporalizados de evaluación de sus actuaciones. Esto requiere necesariamente el establecimiento de indicadores de evaluación sobre la base de información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.
La administración regional complementará las evaluaciones convenidas con la Agencia Estatal de Evaluación –que tendrán la máxima prioridad- con otras realizadas con medios regionales. Estas evaluaciones serán públicas y estarán recogidas en un Registro de Evaluación de las Políticas públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (como existe, por ejemplo, en Navarra).
19. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas en todos los Planes regionales
Como actuación complementaria de la anterior, la práctica de realización de memorias públicas sobre cada uno de los planes regionales de actuación en desarrollo o finalizados debe generalizarse sin excepciones. Su orientación ha de ser realizada en términos de valor público y de modificación de la realidad y su periodicidad ajustada a la duración del plan.
E. CONTROL EXTERNO
20. Creación de Oficinas presupuestarias en los ayuntamientos y en el Gobierno autonómico.
Estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones presupuestarias, expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta información a disposición de cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará dirigida por un profesional cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta de los grupos de la minoría, los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por el Consistorio en pleno/ Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta que se acepte el candidato. El nombramiento es por la duración del mandato, cuatro años y contará con los medios adecuados para cumplir sus funciones de control del presupuesto.
21. Auditorías ciudadanas.
La “gobernanza eficaz” precisa de la participación democrática, es decir, de una mayor implicación de los ciudadanos en la acción de dar cuentas de lo que se hace y de compartir las revisiones de los programas y objetivos presupuestarios y su incidencia en la vida de la sociedad local o regional. Esta acción de compartir información, de evaluar con auditorias ciudadanas, creará un diálogo ordenado que permitirá distinguir las acciones más socialmente responsables de aquéllas que no han cumplido los efectos deseados para la sostenibilidad. Con ello se evitará que “buenos políticos” tomen decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la gobernanza ciudadana y de la ética.
22. Auditorías de desempeño.
Los organismos públicos de control externo (tribunales de cuentas) u órganos equivalentes deben extender su papel más allá de la mera fiscalización de la ejecución de los presupuestos para llevar a cabo una verdadera auditoría de desempeño. En este sentido, se trata de identificar la información relevante, para lo que se permite emplear técnicas como las encuestas o entrevistas a usuarios para obtener información de interés sobre las políticas y servicios; se analiza la transparencia del comportamiento gubernamental desde el punto de vista de la capacidad de los ciudadanos para acceder, entender y analizar los datos provistos por la administración; y se establecen los beneficios públicos relacionados con las actuaciones, identificando los obstáculos y mejoras que han de producirse.
Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente:
1. Sentimos una honda preocupación por la actual situación de profunda crisis económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso para atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados en estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del ranking de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los riesgos de que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez mayores. La Región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos.
2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible reivindicar la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática. Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.
3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo, permita a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la transparencia y el buen gobierno que incluye una batería de medidas características del denominado Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo:
A. Transparencia: “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos.
B. Participación: “Queremos tomar parte”. Los ciudadanos, y no sólo los directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizarnos de las mismas.
C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”. Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener cauces para colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los servicios públicos.
D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”. Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a supervisar y dar cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así podrán los ciudadanos conocer cuál es el efecto real que determinados planes públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las que se dirigen.
E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de reacción efectiva ante las anomalías o las quejas externas”. Las organizaciones públicas deben contar con mecanismos internos que les permitan procesar las anomalías que se detecten en su funcionamiento y las quejas que reciban por los problemas generados en su actuación. Asimismo, han de existir mecanismos externos a la propia organización que lleven a cabo un control eficaz y no meramente formal de su actuación.
4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones de gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización de la sociedad murciana en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente situación de crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras instituciones públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, ponga a los ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática.
5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al menos en el plano nacional.
6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones que quede en un nuevo papel mojado. Con la intención de que este Pacto impulse cambios reales en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, se crea una Comisión de seguimiento del mismo, compuesta por representantes de todas las organizaciones firmantes, que publicará un informe anual sobre el grado de realización de este Pacto por las autoridades responsables.
EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA se articula en torno a las siguientes medidas:
A. TRANSPARENCIA
1. Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública de la Región de Murcia.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. Todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.
La Región de Murcia a través de la Asamblea Regional debe aprobar en la próxima legislatura una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública en su ámbito de competencias, con independencia del que corresponda al Estado.
Entre otras medidas, esta ley determinará que los presupuestos públicos se divulguen de forma gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas dependientes de las Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los compromisos contraídos a largo plazo, así como su inventario. Se acompañará una memoria de la gestión con unos indicadores donde se evalúen la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados, así como, un análisis de las medidas prioritarias para un desarrollo sostenible.
2. La incorporación de la nueva cultura del Gobierno Abierto
El desarrollo legal del derecho de acceso a la información se acompañará de la incorporación de la nueva cultura del llamado Gobierno Abierto por parte de todas las instituciones públicas de la Región, primando los valores de transparencia, participación y colaboración en todos los ámbitos de gestión.
Es un cambio cultural profundo respecto de la actual administración, que ha de colocar al ciudadano en el centro de la gestión. Este proceso debe alcanzar a todas las estructuras administrativas, su organización interna y dar lugar a nuevas formas de relación con los ciudadanos.
Las instituciones públicas regionales utilizarán y promoverán la utilización de herramientas de las Tecnologías de la Información (incluyendo recursos móviles), de la web 2.0 y de software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación de contenidos, y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuitos para la comunidad.
3. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia.
Como ya han hecho otras comunidades autónomas, la Comunidad de Murcia regulará las campañas institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las administraciones públicas de la región y las entidades integrantes del sector público regional y de cualesquiera otras entidades que realicen sus campañas con dinero público.
Esta ley prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las mismas, garantizará principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y obligará a la elaboración de un Plan anual previo, con un límite de gasto. Asimismo establecerá el deber de realizar un informe anual en el que se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y los adjudicatarios de los contratos celebrados, que será de dominio público.
4. Registro público de subvenciones
Se modificará la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de forma que se establezca un registro regional público y obligatorio de todas las subvenciones concedidas, sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos anualmente.
La debida transparencia alcanzará también a la publicación detallada de los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con determinación de cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los grupos de las que dependan.
También los preceptores de subvenciones por actividades de interés general deberán asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público de libre acceso la correspondiente información.
5. Mecanismos de transparencia en toda la contratación pública
La contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno más vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad.
Se creará el Registro Público de Contrataciones del gobierno regional para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por el gobierno, los organismos autónomos y las sociedades públicas regionales y las empresas adjudicatarias
Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia, como recoge el Código del Buen Gobierno de la FEMP.
6. Simplificación de trámites administrativos y extensión de la e-administración
Es necesaria una adaptación de la legislación regional y de la normativa local en materia de simplificación de trámites administrativos integrada en la e-Administración de forma que elimine aquellos trámites que no añaden valor, asegurando el establecimiento de un modelo integrador de relación entre las empresas, los colectivos sociales y la administración pública, aprovechando las ventajas que supone disponer del DNI electrónico. Se contemplarán todas las obligaciones que se establezcan a nivel estatal y que suponen un evidente beneficio en la gestión (p. ej. Ley 11/2007 de Administración Electrónica).
El Gobierno autonómico y los Ayuntamientos de la Región de Murcia deberán adoptar de inmediato la implantación de herramientas como portales web accesibles, sistemas de información gerenciales (ERP) con modelos de gestión basada en la orientación al cliente (CRM), así como el uso de plataformas de redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras que permite la Red Internet, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos internos administrativos y su vinculación con la comunidad y los ciudadanos.
7. Transparencia legislativa
La Asamblea Regional tiene que adaptarse también a los requerimientos del Gobierno Abierto, según los modelos de los Parlamentos Abiertos, estableciendo una relación nueva con la ciudadanía a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías, de forma que los ciudadanos puedan participar de la actividad parlamentaria, como ocurre en otras comunidades (Parlament 2.0 en Cataluña o Zabalik en el País Vasco).
La transparencia como técnica legislativa se aplicará también a las leyes que apruebe la cámara regional, que deberán llevar un informe anexo de transparencia relacionada con sus propósitos. En este informe se identificará la información relevante para la política de que se trate y se garantizará el acceso público a la misma.
8. Ratificación por los ayuntamientos de la Región del Código del Buen Gobierno Local de la FEMP e incorporación a su normativa.
La FEMP aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2009 un Código de Buen Gobierno Local que recoge múltiples propuestas para un gobierno local más cercano, transparente y eficaz, comprometido con la calidad de la democracia. Incluye medidas de mejora de la gestión y de la democracia local, establece un régimen de incompatibilidades y declaración de actividades y bienes de los representantes electos y los no electos de las Juntas de Gobierno locales, criterios para la retribución económica de los electos y su publicidad, y medidas de democracia participativa.
Los ayuntamientos de la región deberán ratificar este Código, si no lo han hecho ya, informar de su contenido a los ciudadanos e incorporarlo a su ordenamiento a través de los Reglamentos Orgánicos y otras normas locales, y velar por su cumplimiento.
9. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas electorales.
Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro sistema democrático. Para recuperar la confianza ciudadana en la política democrática, debemos dar pasos decididos para incrementar la transparencia en las cuentas de los partidos. La Región de Murcia puede convertirse en una comunidad pionera en este impulso. Esta ley obligaría a los partidos políticos que compiten en elecciones en la Región a ofrecer dentro de los seis meses posteriores al cierre de la campaña electoral correspondiente un balance suficientemente detallado de sus ingresos y gastos tanto en los comicios autonómicos como municipales. Anualmente realizarán una liquidación de los ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas.
10. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los agentes sociales.
Las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus cuentas anuales como de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un inventario de su patrimonio y sus deudas.
11. Aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades de funcionarios y autoridades públicas.
Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando con excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades, funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general. Resulta inaceptable que suceda algo así, por lo que es del todo necesario que quienes desempeñan labores públicas estén sometidos con total rigor al régimen legal de incompatibilidades y a la obligación de depositar en un registro público sus declaraciones de intereses y actividades de carácter privado.
B. PARTICIPACIÓN
La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva administración local y regional. Si la democracia electiva ha de extenderse a los órganos administrativos descentralizados a los que aún no alcanza (como las Juntas Vecinales o de Distrito) la participación directa de unos ciudadanos con acceso a la información ha de convertirse en el objetivo prioritario de la acción institucional. Las múltiples figuras prácticamente inéditas que recogen los reglamentos municipales de participación (la audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular o referéndum, el derecho de intervención en los plenos y otros órganos municipales, el derecho de propuesta, los consejos de participación, etc.), así como las nuevas vías que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, han de ser promovidas activamente y utilizadas de forma habitual como instrumentos de una verdadera política de extensión de la participación, ocupando un papel central en la vida institucional.
12. Revitalización de Consejos de Participación.
Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales deben revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Esta revitalización pasa por revisar su composición y funciones a fin de darles mayor representatividad y protagonismo, convirtiéndolos en actores relevantes de la vida institucional.
13. Revisión y mejora Ley Electoral Regional.
La actual Ley electoral regional debe revisarse para la introducción de mejoras que aumenten el respeto del principio de proporcionalidad, permitiendo la mejora de la representación de la voluntad popular y la igualdad del valor del voto, lo que sin duda enriquecerá la vida pública de la Región.
14. Reutilización de información del sector público por las empresas.
La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales. El sector público produce una gran variedad de información, que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos, por la iniciativa social, por las ONG y por la industria de contenidos digitales (como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación) y por otros sectores. Aunque existe una directiva europea sobre ello, legislación estatal y alguna actuación significativa (el Programa APORTA, dentro del Plan Avanza 2) en la Región de Murcia esta reutilización está muy poco desarrollada.
Las administraciones regional y local han de impulsar esta línea de trabajo que mejora la transparencia y tiene un considerable potencial económico que deben desarrollar a través de decisiones estratégicas, organizativas y operativas, y de actuaciones de formación para crear una verdadera cultura de la reutilización. Para tal fin es fundamental la creación de un Portal Open Data de la Comunidad Autónoma, donde se incorporen a su vez los datos de las administraciones locales.
15. Presupuestos participativos
Los Presupuestos Participativos están demostrando en las Administraciones públicas que lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador de la democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la contabilidad pública. Es una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las haciendas locales con criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.
Impulsar la participación ciudadana en la elección de prioridades, es un método eficaz para gestionar el gasto público especialmente en momentos de escasez por la crisis. Su implantación es respuesta de la voluntad política, iniciando el proyecto de participación con un porcentaje de las inversiones o gastos para que los ciudadanos los prioricen, asumiendo sus decisiones en los presupuestos generales municipales. Todo ello con el apoyo de una “oficina presupuestaria independiente”, que sirva de vehículo de información, control, transparencia y rendición de cuentas, para dar consistencia a su funcionamiento.
16. Participación social en los medios públicos de comunicación.
El acceso de los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación de titularidad pública es un derecho constitucional (art. 20.3), recogido en diversas leyes y regulaciones para el ámbito estatal. Este derecho debe ser desarrollado en la Región de Murcia para que los diferentes grupos sociales -además de los políticos- puedan acceder a los medios públicos regionales de manera que se garantice la participación y la visibilidad de la sociedad civil organizada en el conjunto de su programación con criterios de pluralismo social.
C. COLABORACIÓN
La colaboración – con los ciudadanos, con sus asociaciones, con las empresas, con los empleados públicos y los responsables políticos, entre distintos departamentos en una administración, y con otras administraciones- es uno de los pilares del cambio cultural que llega. Hablamos de unas nuevas relaciones de poder basadas en la corresponsabilidad, de nuevos métodos de trabajo colaborativo que permita abordar, como consecuencia de la participación, los retos que los gobiernos no pueden abordar solos, mejorando los resultados de las políticas públicas a través del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Esto requiere nuevas herramientas, métodos y sistemas innovadores – internos y externos-en los que las nuevas tecnologías han de jugar un papel decisivo, y una nueva formación de todos los agentes intervinientes.
17. Puesta en marcha de sistemas ágiles de encuestas y/o de recogida de información y opiniones de los ciudadanos.
Con la misión de mejorar los servicios públicos, incorporar propuestas a la gestión de gobierno, aprovechar, en su medida adecuada, los recursos que los ciudadanos divulgan a través de Internet en beneficio de los servicios comunitarios, conocer su opinión para prevenir incidentes o solucionar posibles problemas futuros, o reaprovechar recursos multimedia generados por los usuarios y por los empleados públicos para ofrecer nuevos servicios.
D. EVALUACIÓN
18. Obligatoriedad de evaluación de las políticas y los planes públicos
Una administración eficaz y eficiente no puede permitirse eludir la evaluación de sus planes y de sus políticas. No es una posibilidad: es una obligación del Buen Gobierno, que debe constituirse en la norma exigida a todas las administraciones de la región.
Cada administración deberá contar con un Plan de Evaluación, donde recogerá los compromisos temporalizados de evaluación de sus actuaciones. Esto requiere necesariamente el establecimiento de indicadores de evaluación sobre la base de información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.
La administración regional complementará las evaluaciones convenidas con la Agencia Estatal de Evaluación –que tendrán la máxima prioridad- con otras realizadas con medios regionales. Estas evaluaciones serán públicas y estarán recogidas en un Registro de Evaluación de las Políticas públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (como existe, por ejemplo, en Navarra).
19. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas en todos los Planes regionales
Como actuación complementaria de la anterior, la práctica de realización de memorias públicas sobre cada uno de los planes regionales de actuación en desarrollo o finalizados debe generalizarse sin excepciones. Su orientación ha de ser realizada en términos de valor público y de modificación de la realidad y su periodicidad ajustada a la duración del plan.
E. CONTROL EXTERNO
20. Creación de Oficinas presupuestarias en los ayuntamientos y en el Gobierno autonómico.
Estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones presupuestarias, expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta información a disposición de cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará dirigida por un profesional cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta de los grupos de la minoría, los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por el Consistorio en pleno/ Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta que se acepte el candidato. El nombramiento es por la duración del mandato, cuatro años y contará con los medios adecuados para cumplir sus funciones de control del presupuesto.
21. Auditorías ciudadanas.
La “gobernanza eficaz” precisa de la participación democrática, es decir, de una mayor implicación de los ciudadanos en la acción de dar cuentas de lo que se hace y de compartir las revisiones de los programas y objetivos presupuestarios y su incidencia en la vida de la sociedad local o regional. Esta acción de compartir información, de evaluar con auditorias ciudadanas, creará un diálogo ordenado que permitirá distinguir las acciones más socialmente responsables de aquéllas que no han cumplido los efectos deseados para la sostenibilidad. Con ello se evitará que “buenos políticos” tomen decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la gobernanza ciudadana y de la ética.
22. Auditorías de desempeño.
Los organismos públicos de control externo (tribunales de cuentas) u órganos equivalentes deben extender su papel más allá de la mera fiscalización de la ejecución de los presupuestos para llevar a cabo una verdadera auditoría de desempeño. En este sentido, se trata de identificar la información relevante, para lo que se permite emplear técnicas como las encuestas o entrevistas a usuarios para obtener información de interés sobre las políticas y servicios; se analiza la transparencia del comportamiento gubernamental desde el punto de vista de la capacidad de los ciudadanos para acceder, entender y analizar los datos provistos por la administración; y se establecen los beneficios públicos relacionados con las actuaciones, identificando los obstáculos y mejoras que han de producirse.
JUEZAS Y JUECES AL SERVICIO DE LA CAUSA
El Barómetro de febrero de 2011 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que recoge la opinión de los españoles sobre diversos problemas políticos y sociales contiene algunos datos que creo que son bien significativos del estado de la administración de justicia en España.
Solo un ínfimo 0,4% de la población española considera que nuestra justicia funciona muy bien y un 18% que simplemente bien. Por el contrario, el 37,7% opina que funciona mal y el 11,3% que muy mal. Es decir que prácticamente la mitad de la población española piensa que la justicia, uno de los servicios cuyo buen funcionamiento es esencial para que pueda haber democracia real en un país, funciona mal o muy mal en España.
Podría considerarse que eso se debe a que dispone de medios escasos puesto que el 61,6% de los encuestados cree que los que tiene son más bien insuficientes.
Pero no. La razón de esa mala valoración de los españoles no se debe a que los jueces y magistrados tengan pocos medios.
La realidad es que, aunque seguro que no son los necesarios, lo cierto es que cada vez cuentan con más y mejores recursos materiales y humanos y, sin embargo, el 75,8% de los españoles tiene la impresión de que en los tres o cuatro últimos años la justicia funciona igual o peor que en tiempos anteriores.
Es teniendo en cuenta otras preguntas y respuestas que contiene el Barómetro como creo que se puede deducir claramente la naturaleza del mal que sufre la justicia española.
Así, resulta que según el CIS solo el 15,1% de los españoles cree que la justicia trata igual a ricos y a pobres mientras que un 77,4% está poco o nada de acuerdo con esa afirmación. Y el 59,7% de los españoles viene a pensar que los tribunales no protegen a los ciudadanos de los poderosos.
Se podría deducir, entonces, que lo que hace que la mayoría de los españoles tengan una opinión tan mala de los jueces se debe a que éstos, en lugar de proteger a la mayoría de la población más bien se dedica a cuidar preferentemente a los más ricos y poderosos. Y la mayoría social lo siente y, lógicamente, lo tiene en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los jueces y juezas.
Tampoco se puede decir que los españoles tengan la imprescindible confianza que habría que tener en la honestidad en quienes imparten justicia pues solo un 37,8% afirma estar de acuerdo cuando se les pregunta si creen que los jueces y juezas suelen actuar en los pleitos con honradez y sin dejarse influir por ningún tipo de presión, mientras que más o menos el mismo porcentaje (37,5%) afirma que está poco o nada de acuerdo con esa idea. Y solo un 18,8% de los españoles cree que los casos de corrupción en el mundo de la justicia son tan excepcionales como para decir que allí no existe corrupción. El 59,5% de los españoles está poco o nada de acuerdo con eso, es decir, que más bien piensa que sí que hay corrupción en la administración de justicia.
Y como prueba de la inseguridad que todo ello proporciona, resulta que el 75,8% de los españoles esta muy o bastante de acuerdo con la idea de que hoy día el resultado de un pleito legal depende, en buena medida, del juez o jueza que a uno le toque. Es decir, que piensan que cada juez o jueza toca la flauta según le parece a la hora de administrar justicia.
Y resulta también muy significativo que se pueda deducir que esas opiniones tan negativas están vinculadas no con valores abstractos sino con la experiencia de los ciudadanos como demuestra el hecho de que el 39,5% de las personas que han tenido una experiencia con la justicia afirmen que después de haberla tenido su opinión sobre ella empeoró en lugar de mejorar, mientras que solo el 15,4% afirma estar muy o bastante de acuerdo con la idea de que mejoró.
Y no se crea que los ciudadanos tienen una opinión tan negativa de la justicia porque crean que los jueces y juezas están mal preparados. Todo lo contrario, solo el 12% afirma estar muy o bastante en desacuerdo con la idea de que, por lo general, los jueces y juezas están bien preparados y son competentes.
La conclusión parece entonces bastante evidente. Parece que la inmensa mayoría de los españoles cree que los jueces son competentes pero que en la administración de la justicia que llevan a cabo hay corrupción, y que la aplican preferentemente en favor de los poderosos y de un modo muy poco cuidadoso con sus derechos.
Y, se mire como se mire, no creo que sea una casualidad el que solo el 12% de los españoles crea que los jueces son más bien progresistas mientras que el 43,5% opina que, por el contrario, son más bien conservadores.
A la vista de todo ello no creo que nadie se pueda extrañar de que la mayoría de los españoles tengan, tengamos, una idea tan negativa de quienes administran justicia. ¿Cómo nos va a extrañar si es raro el día en que no tenemos noticia de una tropelía, o de una decisión judicial que muestre la querencia tan evidente de tantos jueces y juezas españoles hacia las personas más poderosas y derechistas?
En España, jueces de ideología muy significada están persiguiendo al juez que trató de descubrir una trama de financiación ilegal por haber llevado a cabo una actuación procesal que contaba con el informe positivo del fiscal, mientras que los verdaderos delincuentes a quien la propia justicia encubre se deben estar partiendo de la risa por las esquinas. Por no hablar, de los jueces que incluso asesoran a los extremistas de derecha que tienen más apoyo en los más altos tribunales para defender la dictadura y tratar de ocultar sus crímenes que los jueces que tratan de descubrirlos.
¿Cómo no tener esa opinión tan negativa de los jueces y juezas españolas cuando es tan evidente que cuando se trata de juzgar a los ricos y a los dirigentes de la derecha se pierden los papeles, se demoran los procesos y todo termina prescribiendo, mientras que si el que cae es alguien de izquierdas los jueces se dan una diligencia extrema para cerrar los casos jaleada por la derecha política?
¿Cómo se puede entender que sean siempre tan lentos con los mismos y que siempre se le terminen escapando de las manos las piezas de piezas de caza mayor que son de derechas o tienen dinero?
¿Cómo se puede pensar bien de una justicia que ha dejado ir de rositas a banqueros y grandes financieros cuando ha habido mucho más que pruebas de sus responsabilidades, o que calla cuando altos dignatarios hacen negocios de todo tipo de los que sabe todo el mundo menos los fiscales y magistrados?
¿Cómo no pensar mal de los jueces que primero hacen declaraciones manifestando sin pudor su ideología derechista y que luego son tan generosos a la hora de juzgar a quienes la comparten y tan severos con quienes piensan de otro modo, ¡esos rojos!?
¿Cómo no pensar mal de jueces y juezas que no se abstienen ni por iniciativa propia ni a petición de parte cuando sus propias esposas o maridos se hayan relacionados con los casos que han de juzgar, o cuando han sido los propios imputados quienes han declarado su amistad íntima con ellos?
¿Qué opinión se puede tener de unos jueces a quienes no se les cae colectivamente la cara de vergüenza cuando se anuncia una detrás de otra las prescripciones en procesos que afectan a la flor y la nata del capital y la política de derechas? ¿qué otro colectivo es capaz de permanecer incólume cuando dentro de él se descubren todo este tipo de cosas?
¿Y cómo tener buena opinión de una justicia en la que resulta tan evidente que muchos jueces proceden y sentencian con una cadencia y una sintonía tan contiguas a las que llevan los dirigentes del Partido Popular?
¿Cómo se puede confiar en la justicia que imparten magistrados que en los más altos tribunales están divididos en bandos de “conservadores” y “progresistas” y que no mueven su voto de las sentencias para alinearse siempre con los suyos pase lo que pase, porque para eso los puso el correspondiente partido?
¿Cómo se puede tener buena opinión de la justicia si no pasa nada cuando hay jueces que para sentenciar como desean no admiten las pruebas que solicitan para poder defenderse, como Baltasar Garzón, aquellos a quienes acusan; o que no reclaman testimonios decisivos para poder conocer la verdad de los casos, como ocurrió en el llamado caso Los Merinos, en Málaga, o que sentencian cada vez con un criterio según quién sea la persona a quien están juzgando?
¿Cómo pueden apreciar los ciudadanos a una administración cuando se enteran por los medios o por propia experiencia que se permite que los jueces o juezas hagan juicios de valor temerarios dentro y fuera de sus propias sentencias, que llevan a cabo auténticas causas generales contra gobiernos contrarios a su ideología y sean tan condescendientes contra otros con los que es evidente que simpatizan?
¿Cómo va a ser buena la opinión de una sociedad moderna sobre una administración de justicia en donde prácticamente no pasa nada cuando hay jueces que dictan sentencia en nombre de Dios, cuando cada año se producen docenas de sentencias machistas o simplemente dislocadas como la que, refiriéndose a la violada libertad sexual de una mujer, señalaba que “es necesario apreciar una menor gravedad en las consecuencias del delito sobre la víctima, por el hecho de tratarse de su marido y no de un desconocido”? ¿Y qué valor darle a una administración en donde hay jueces como Francisco Javier Paulí que sentenciaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta “que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones”; o a Ferrín Calamita que equipara la relación homosexual con la de un pederasta, o al titular de un juzgado de la localidad de Manresa que dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque “delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios”?
¿Qué otra opinión se merece una justicia que no encarcela a un hombre que mata a su mujer “en casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz”, y que casualmente era un colega de los magistrados que lo juzgaron?
¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la justicia cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, es capaz de afirmar que es “libertinaje” “dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial”, como si sus miembros fueran dioses, querubines, divinidades o majestades arcangélicas ajenas a cualquier mal, cuando en realidad son los que está dejando pasar la corrupción judicial que tan nítidamente perciben los españoles?
¿Cómo respetarlo cuando los ciudadanos pueden leer en los medios de comunicación que ese Consejo se permite considerar que una juez como Laura Alabau que se niega a cumplir la ley y lo predica insultando a órganos gubernamentales simplemente está haciendo uso de su libertad de expresión?
¿Cómo confiar en la ecuanimidad de los jueces españoles cuando se ha sabido que “El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, una maniobra con que “se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista”.
¿Cómo confiar en ese órgano en donde hay o ha habido jueces como Antonio Montserrat Quintana que decidió no imputar a Jaume Matas, por entonces presidente del Govern de las islas, por el caso Formentera, el supuesto pucherazo con inmigrantes argentinos realizado por el PP en las elecciones autonómicas de 1999; o en Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, responsable de no aceptar el informe pericial en el que se descartaban las negligencias en el incendio que causó la muerte de once miembros de un retén para poder llevar al banquillo a técnicos y cargos políticos de la Junta de Castilla la Mancha? ¿Cómo confiar en ese tipo de jueces o en el Consejo cuando es público y notorio que las irregularidades y faltas de sus colegas terminan con multas simbólicas, si es que son castigadas?
¿Y cómo valorar bien a la justicia cuando se ha podido conocer el papel de algunos jueces en Marbella en la época de Jesús Gil, cuando era habitual ver por sus aledaños a magistrados de los tribunales más altos de la nación a costa de aquel alcalde corrupto?
No es exagerado ni mucho menos afirmar que una buena parte de la judicatura española está al servicio de la causa, pero de la causa de la derecha política y más concretamente del Partido Popular con quien comparte principios y en muchos casos incluso estrategias políticas concretas y es fácil suponer que, dada esa sintonía evidente, incluso directrices políticas. Uno de esos jueces, José Luis Requero, lo llegó manifestarlo claramente en una entrevista cuando se le preguntó si la asociación de jueces de derechas a la que pertenece era la cantera ideológica judicial del PP: “Somos el referente judicial del PP.
En este contexto no cabe extrañar la estocada judicial que acaba de darle una jueza de Sevilla al candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento, imputándolo casualmente el día en que su colación sacaba a la luz un documento por el que se comprometía a no presentar a personas imputadas, como ahora estará al parecer Antonio Torrijos, a las próximas elecciones municipales.
No conozco los pormenores del caso pero con todo lo que vengo señalando francamente ya no me extraña que se impute solo a un concejal por una decisión que respondía a una propuesta de su grupo político tratando de evitar la especulación inmobiliaria y que fue tomada unánimemente por todos los grupos políticos del consistorio. Ni que lo haga, porque en su día rechazara renunciar a juzgar el caso, una jueza que es la esposa de un auditor que anteriormente fue despedido de la empresa en la que se tomó la decisión que lleva a la imputación.
No sé si Antonio Torrijos renunciará finalmente a presentarse para no poner en entredicho la coherencia y sinceridad de su grupo político a la hora de asumir compromisos ante el resto de las candidaturas. Pero el mal está hecho en cualquier caso, como en el del parlamentario valenciano Ángel Luna que termina sentado en el banquillo por enseñar un informe policial donde se demuestra el cobro de comisiones mientras que los que se aprovecharon de ello se sientan en los escaños del parlamento. Así se cierra, ya demasiadas veces, el círculo de la justicia que administra la derecha judicial, haciendo el servicio político a la derecha política, porque ambas parece que sienten como irrenunciable la idea de que España y los españoles somos de su exclusiva propiedad.
(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Solo un ínfimo 0,4% de la población española considera que nuestra justicia funciona muy bien y un 18% que simplemente bien. Por el contrario, el 37,7% opina que funciona mal y el 11,3% que muy mal. Es decir que prácticamente la mitad de la población española piensa que la justicia, uno de los servicios cuyo buen funcionamiento es esencial para que pueda haber democracia real en un país, funciona mal o muy mal en España.
Podría considerarse que eso se debe a que dispone de medios escasos puesto que el 61,6% de los encuestados cree que los que tiene son más bien insuficientes.
Pero no. La razón de esa mala valoración de los españoles no se debe a que los jueces y magistrados tengan pocos medios.
La realidad es que, aunque seguro que no son los necesarios, lo cierto es que cada vez cuentan con más y mejores recursos materiales y humanos y, sin embargo, el 75,8% de los españoles tiene la impresión de que en los tres o cuatro últimos años la justicia funciona igual o peor que en tiempos anteriores.
Es teniendo en cuenta otras preguntas y respuestas que contiene el Barómetro como creo que se puede deducir claramente la naturaleza del mal que sufre la justicia española.
Así, resulta que según el CIS solo el 15,1% de los españoles cree que la justicia trata igual a ricos y a pobres mientras que un 77,4% está poco o nada de acuerdo con esa afirmación. Y el 59,7% de los españoles viene a pensar que los tribunales no protegen a los ciudadanos de los poderosos.
Se podría deducir, entonces, que lo que hace que la mayoría de los españoles tengan una opinión tan mala de los jueces se debe a que éstos, en lugar de proteger a la mayoría de la población más bien se dedica a cuidar preferentemente a los más ricos y poderosos. Y la mayoría social lo siente y, lógicamente, lo tiene en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los jueces y juezas.
Tampoco se puede decir que los españoles tengan la imprescindible confianza que habría que tener en la honestidad en quienes imparten justicia pues solo un 37,8% afirma estar de acuerdo cuando se les pregunta si creen que los jueces y juezas suelen actuar en los pleitos con honradez y sin dejarse influir por ningún tipo de presión, mientras que más o menos el mismo porcentaje (37,5%) afirma que está poco o nada de acuerdo con esa idea. Y solo un 18,8% de los españoles cree que los casos de corrupción en el mundo de la justicia son tan excepcionales como para decir que allí no existe corrupción. El 59,5% de los españoles está poco o nada de acuerdo con eso, es decir, que más bien piensa que sí que hay corrupción en la administración de justicia.
Y como prueba de la inseguridad que todo ello proporciona, resulta que el 75,8% de los españoles esta muy o bastante de acuerdo con la idea de que hoy día el resultado de un pleito legal depende, en buena medida, del juez o jueza que a uno le toque. Es decir, que piensan que cada juez o jueza toca la flauta según le parece a la hora de administrar justicia.
Y resulta también muy significativo que se pueda deducir que esas opiniones tan negativas están vinculadas no con valores abstractos sino con la experiencia de los ciudadanos como demuestra el hecho de que el 39,5% de las personas que han tenido una experiencia con la justicia afirmen que después de haberla tenido su opinión sobre ella empeoró en lugar de mejorar, mientras que solo el 15,4% afirma estar muy o bastante de acuerdo con la idea de que mejoró.
Y no se crea que los ciudadanos tienen una opinión tan negativa de la justicia porque crean que los jueces y juezas están mal preparados. Todo lo contrario, solo el 12% afirma estar muy o bastante en desacuerdo con la idea de que, por lo general, los jueces y juezas están bien preparados y son competentes.
La conclusión parece entonces bastante evidente. Parece que la inmensa mayoría de los españoles cree que los jueces son competentes pero que en la administración de la justicia que llevan a cabo hay corrupción, y que la aplican preferentemente en favor de los poderosos y de un modo muy poco cuidadoso con sus derechos.
Y, se mire como se mire, no creo que sea una casualidad el que solo el 12% de los españoles crea que los jueces son más bien progresistas mientras que el 43,5% opina que, por el contrario, son más bien conservadores.
A la vista de todo ello no creo que nadie se pueda extrañar de que la mayoría de los españoles tengan, tengamos, una idea tan negativa de quienes administran justicia. ¿Cómo nos va a extrañar si es raro el día en que no tenemos noticia de una tropelía, o de una decisión judicial que muestre la querencia tan evidente de tantos jueces y juezas españoles hacia las personas más poderosas y derechistas?
En España, jueces de ideología muy significada están persiguiendo al juez que trató de descubrir una trama de financiación ilegal por haber llevado a cabo una actuación procesal que contaba con el informe positivo del fiscal, mientras que los verdaderos delincuentes a quien la propia justicia encubre se deben estar partiendo de la risa por las esquinas. Por no hablar, de los jueces que incluso asesoran a los extremistas de derecha que tienen más apoyo en los más altos tribunales para defender la dictadura y tratar de ocultar sus crímenes que los jueces que tratan de descubrirlos.
¿Cómo no tener esa opinión tan negativa de los jueces y juezas españolas cuando es tan evidente que cuando se trata de juzgar a los ricos y a los dirigentes de la derecha se pierden los papeles, se demoran los procesos y todo termina prescribiendo, mientras que si el que cae es alguien de izquierdas los jueces se dan una diligencia extrema para cerrar los casos jaleada por la derecha política?
¿Cómo se puede entender que sean siempre tan lentos con los mismos y que siempre se le terminen escapando de las manos las piezas de piezas de caza mayor que son de derechas o tienen dinero?
¿Cómo se puede pensar bien de una justicia que ha dejado ir de rositas a banqueros y grandes financieros cuando ha habido mucho más que pruebas de sus responsabilidades, o que calla cuando altos dignatarios hacen negocios de todo tipo de los que sabe todo el mundo menos los fiscales y magistrados?
¿Cómo no pensar mal de los jueces que primero hacen declaraciones manifestando sin pudor su ideología derechista y que luego son tan generosos a la hora de juzgar a quienes la comparten y tan severos con quienes piensan de otro modo, ¡esos rojos!?
¿Cómo no pensar mal de jueces y juezas que no se abstienen ni por iniciativa propia ni a petición de parte cuando sus propias esposas o maridos se hayan relacionados con los casos que han de juzgar, o cuando han sido los propios imputados quienes han declarado su amistad íntima con ellos?
¿Qué opinión se puede tener de unos jueces a quienes no se les cae colectivamente la cara de vergüenza cuando se anuncia una detrás de otra las prescripciones en procesos que afectan a la flor y la nata del capital y la política de derechas? ¿qué otro colectivo es capaz de permanecer incólume cuando dentro de él se descubren todo este tipo de cosas?
¿Y cómo tener buena opinión de una justicia en la que resulta tan evidente que muchos jueces proceden y sentencian con una cadencia y una sintonía tan contiguas a las que llevan los dirigentes del Partido Popular?
¿Cómo se puede confiar en la justicia que imparten magistrados que en los más altos tribunales están divididos en bandos de “conservadores” y “progresistas” y que no mueven su voto de las sentencias para alinearse siempre con los suyos pase lo que pase, porque para eso los puso el correspondiente partido?
¿Cómo se puede tener buena opinión de la justicia si no pasa nada cuando hay jueces que para sentenciar como desean no admiten las pruebas que solicitan para poder defenderse, como Baltasar Garzón, aquellos a quienes acusan; o que no reclaman testimonios decisivos para poder conocer la verdad de los casos, como ocurrió en el llamado caso Los Merinos, en Málaga, o que sentencian cada vez con un criterio según quién sea la persona a quien están juzgando?
¿Cómo pueden apreciar los ciudadanos a una administración cuando se enteran por los medios o por propia experiencia que se permite que los jueces o juezas hagan juicios de valor temerarios dentro y fuera de sus propias sentencias, que llevan a cabo auténticas causas generales contra gobiernos contrarios a su ideología y sean tan condescendientes contra otros con los que es evidente que simpatizan?
¿Cómo va a ser buena la opinión de una sociedad moderna sobre una administración de justicia en donde prácticamente no pasa nada cuando hay jueces que dictan sentencia en nombre de Dios, cuando cada año se producen docenas de sentencias machistas o simplemente dislocadas como la que, refiriéndose a la violada libertad sexual de una mujer, señalaba que “es necesario apreciar una menor gravedad en las consecuencias del delito sobre la víctima, por el hecho de tratarse de su marido y no de un desconocido”? ¿Y qué valor darle a una administración en donde hay jueces como Francisco Javier Paulí que sentenciaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta “que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones”; o a Ferrín Calamita que equipara la relación homosexual con la de un pederasta, o al titular de un juzgado de la localidad de Manresa que dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque “delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios”?
¿Qué otra opinión se merece una justicia que no encarcela a un hombre que mata a su mujer “en casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz”, y que casualmente era un colega de los magistrados que lo juzgaron?
¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la justicia cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, es capaz de afirmar que es “libertinaje” “dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial”, como si sus miembros fueran dioses, querubines, divinidades o majestades arcangélicas ajenas a cualquier mal, cuando en realidad son los que está dejando pasar la corrupción judicial que tan nítidamente perciben los españoles?
¿Cómo respetarlo cuando los ciudadanos pueden leer en los medios de comunicación que ese Consejo se permite considerar que una juez como Laura Alabau que se niega a cumplir la ley y lo predica insultando a órganos gubernamentales simplemente está haciendo uso de su libertad de expresión?
¿Cómo confiar en la ecuanimidad de los jueces españoles cuando se ha sabido que “El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, una maniobra con que “se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista”.
¿Cómo confiar en ese órgano en donde hay o ha habido jueces como Antonio Montserrat Quintana que decidió no imputar a Jaume Matas, por entonces presidente del Govern de las islas, por el caso Formentera, el supuesto pucherazo con inmigrantes argentinos realizado por el PP en las elecciones autonómicas de 1999; o en Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, responsable de no aceptar el informe pericial en el que se descartaban las negligencias en el incendio que causó la muerte de once miembros de un retén para poder llevar al banquillo a técnicos y cargos políticos de la Junta de Castilla la Mancha? ¿Cómo confiar en ese tipo de jueces o en el Consejo cuando es público y notorio que las irregularidades y faltas de sus colegas terminan con multas simbólicas, si es que son castigadas?
¿Y cómo valorar bien a la justicia cuando se ha podido conocer el papel de algunos jueces en Marbella en la época de Jesús Gil, cuando era habitual ver por sus aledaños a magistrados de los tribunales más altos de la nación a costa de aquel alcalde corrupto?
No es exagerado ni mucho menos afirmar que una buena parte de la judicatura española está al servicio de la causa, pero de la causa de la derecha política y más concretamente del Partido Popular con quien comparte principios y en muchos casos incluso estrategias políticas concretas y es fácil suponer que, dada esa sintonía evidente, incluso directrices políticas. Uno de esos jueces, José Luis Requero, lo llegó manifestarlo claramente en una entrevista cuando se le preguntó si la asociación de jueces de derechas a la que pertenece era la cantera ideológica judicial del PP: “Somos el referente judicial del PP.
En este contexto no cabe extrañar la estocada judicial que acaba de darle una jueza de Sevilla al candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento, imputándolo casualmente el día en que su colación sacaba a la luz un documento por el que se comprometía a no presentar a personas imputadas, como ahora estará al parecer Antonio Torrijos, a las próximas elecciones municipales.
No conozco los pormenores del caso pero con todo lo que vengo señalando francamente ya no me extraña que se impute solo a un concejal por una decisión que respondía a una propuesta de su grupo político tratando de evitar la especulación inmobiliaria y que fue tomada unánimemente por todos los grupos políticos del consistorio. Ni que lo haga, porque en su día rechazara renunciar a juzgar el caso, una jueza que es la esposa de un auditor que anteriormente fue despedido de la empresa en la que se tomó la decisión que lleva a la imputación.
No sé si Antonio Torrijos renunciará finalmente a presentarse para no poner en entredicho la coherencia y sinceridad de su grupo político a la hora de asumir compromisos ante el resto de las candidaturas. Pero el mal está hecho en cualquier caso, como en el del parlamentario valenciano Ángel Luna que termina sentado en el banquillo por enseñar un informe policial donde se demuestra el cobro de comisiones mientras que los que se aprovecharon de ello se sientan en los escaños del parlamento. Así se cierra, ya demasiadas veces, el círculo de la justicia que administra la derecha judicial, haciendo el servicio político a la derecha política, porque ambas parece que sienten como irrenunciable la idea de que España y los españoles somos de su exclusiva propiedad.
(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
PROPUESTA DEL FORO CIUDADANO AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
Ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del presente año 2011, esta organización ciudadana considera importante realizar una evaluación-informe del periodo legislativo anterior. Dicha evaluación debería comprender:
• Un informe del proceso a lo largo de estos cuatro años: logros, dificultades, expectativas que se plantearon y que seguirán pendientes. Es decir objetivos planteados al comienzo, conseguidos, superados y no realizados.
• Un informe de la situación económica de manera comprensible para la ciudadanía, en donde queden claros los ingresos, los gastos y el déficit global y por habitante.
• Situación del urbanismo en Calasparra, y todo lo concerniente al mismo
• Variaciones de patrimonio, con incrementos y disminuciones.
• Órganos y estructuras de participación creados para favorecer la implicación ciudadana en la toma de decisiones.
Tal informe debería hacerse extensivo a los últimos doce años, dado que las variaciones en el equipo de gobierno han sido mínimas y que la persona responsable, es decir el alcalde, ha permanecido en ese periodo.
Ambas cosas deberían llevarse a cabo con un modelo objetivo y no triunfalista, al objeto de fomentar la reflexión ciudadana y el compromiso ante las posibles dificultades con que nos pudiésemos encontrar en el pueblo, tal como está ocurriendo en otros.
Formulamos esta petición-sugerencia por varias razones:
• Existen comentarios diversos por parte de grupos y personas del pueblo que generan una diversidad de comentarios confusos, los cuales estimamos deben ser aclarados y no dejar lugar para las interpretaciones incorrectas. Todo ello al margen de que respetemos las opiniones diferentes, siempre que estén basadas en informaciones claras y fidedignas.
• Creemos que los nuevos tiempos hacen necesario superar a la propia legislación, puesto que la misma no nos pone techo a la hora de la transparencia informativa. Es un buen momento para no sólo imaginar, sino aplicar nuevos modelos de comunicación hacia el pueblo que elige a sus representantes.
• Tenemos una herramienta informativa que es el pequeño periódico local al que hay que potenciar como medio de educación política y ciudadana, aspectos ambos que son básicos si queremos formar una sociedad nueva, en la que seamos todos y todas corresponsables.
• En nuestro último INFORME 2010. EL OTRO ESTADO DE LA REGIÓN, se dictaminaba un déficit democrático y de baja participación, surgiendo por ello nuestro compromiso de actuar en la línea de la mejora de ese aspecto, cada cual en el medio que se integra.
• Consideramos que, al igual que otros organismos, las instituciones locales deben rendir cuentas a sus ciudadanos y ciudadanas, una vez al año, pero si ello no fuera posible por razones de disponibilidad de recursos, debería contemplarse al finalizar cada legislatura.
Desde nuestra perspectiva de gente que desea propiciar una profundización en una democracia más real, proponemos esta idea que confiamos sea bien recibida y, si es posible se lleve a la práctica, con lo que todos saldremos ganando.
Atentamente.
FORO CIUDADANO DE CALASPARRA.- Adscrito al Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
PROPUESTA DE MESA REDONDA
Les hemos enviado a los tres partidos políticos la propuesta de hacer una mesa reedonda que sería moderada por la persona que ellos acordaran. Creemos que es bueno comparar las posturas a la hora de informar a la ciudadanía de sus propuestas. Con ello podemos aclarar a la gente y, al mismo tiempo nos guía la idea de fomentar la participación. Algunos ya han respondido pero otros quedasn pendientes de consultar a sus asambleas o comités.
LOS POLÍTICOS SE COMPROMETEN
También se nos facilitó el documento que firmaron los tres partidos políticos que, en Calasparra, se presentan a las elecciones municipales.
COMPROMISO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE CALASPARRA, EN RELACIÓN CON EL USO DEL TEMA DEL AGUA Y EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO DE CAUDALES DEL RÍO SEGURA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL
La Directiva Marco del Agua, en adelante DMA, ha incorporado nuevos elementos al debate y estudio del recurso más preciado y al mismo tiempo más frágil de la Naturaleza. Y es tan preciado porque nos es imprescindible para la vida, siendo también un elemento económico y cultural, en cuya conservación y cuidado es necesario implicar a toda la sociedad.
En nuestro pueblo sabemos bastante de lo que suponen sus ríos, sus manantiales, sus acuíferos, todo lo que, en gran parte constituye la cuenca del Segura. Nuestra historia sería distinta sin ellos. Por eso nadie puede decir que no está de acuerdo en la defensa de su conservación y de todo el medio natural que esa cuenca comporta.
Con esa idea constituimos esta Plataforma en donde cabemos todos y todas, tanto de manera colectiva como individualmente. Y también por eso creemos que este tema no debe ser objeto de confrontaciones partidistas, puesto que lo que debemos pretender es sumar y aunar esfuerzos, nunca dividir ni restar.
Esta idea es también la que inspira uno de los principios de esa DMA, expresada en este párrafo: Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas por la aplicación de esta Directiva, en particular en lo que se refiere a los planes de gestión de las demarcaciones hidrográficas
Entendiéndose que hoy día se consideran partes interesadas diversidad de sectores sociales y sensibilidades.
Por todo ello, los partidos políticos abajo firmantes, componentes también de esta Plataforma, nos queremos comprometer a no utilizar este tema en nuestra campaña electoral de manera sesgada, y si en algún momento surgiera, hacerlo en la forma que expresamos arriba, de manera que la ciudadanía no perciba confrontación alguna, sino un estímulo que favorezca el encuentro y la participación de todos y todas en la mejora y conservación de toda nuestra cuenca, de manera solidaria y justa.
Lo que firmamos en la Asamblea de esta Plataforma, en Calasparra a 12 de abril del año 2011 .
¡UN FUERTE APLAUSO PARA LOS TRES!
COMPROMISO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE CALASPARRA, EN RELACIÓN CON EL USO DEL TEMA DEL AGUA Y EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO DE CAUDALES DEL RÍO SEGURA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL
La Directiva Marco del Agua, en adelante DMA, ha incorporado nuevos elementos al debate y estudio del recurso más preciado y al mismo tiempo más frágil de la Naturaleza. Y es tan preciado porque nos es imprescindible para la vida, siendo también un elemento económico y cultural, en cuya conservación y cuidado es necesario implicar a toda la sociedad.
En nuestro pueblo sabemos bastante de lo que suponen sus ríos, sus manantiales, sus acuíferos, todo lo que, en gran parte constituye la cuenca del Segura. Nuestra historia sería distinta sin ellos. Por eso nadie puede decir que no está de acuerdo en la defensa de su conservación y de todo el medio natural que esa cuenca comporta.
Con esa idea constituimos esta Plataforma en donde cabemos todos y todas, tanto de manera colectiva como individualmente. Y también por eso creemos que este tema no debe ser objeto de confrontaciones partidistas, puesto que lo que debemos pretender es sumar y aunar esfuerzos, nunca dividir ni restar.
Esta idea es también la que inspira uno de los principios de esa DMA, expresada en este párrafo: Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas por la aplicación de esta Directiva, en particular en lo que se refiere a los planes de gestión de las demarcaciones hidrográficas
Entendiéndose que hoy día se consideran partes interesadas diversidad de sectores sociales y sensibilidades.
Por todo ello, los partidos políticos abajo firmantes, componentes también de esta Plataforma, nos queremos comprometer a no utilizar este tema en nuestra campaña electoral de manera sesgada, y si en algún momento surgiera, hacerlo en la forma que expresamos arriba, de manera que la ciudadanía no perciba confrontación alguna, sino un estímulo que favorezca el encuentro y la participación de todos y todas en la mejora y conservación de toda nuestra cuenca, de manera solidaria y justa.
Lo que firmamos en la Asamblea de esta Plataforma, en Calasparra a 12 de abril del año 2011 .
¡UN FUERTE APLAUSO PARA LOS TRES!
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